El caso del Club de la Construcción es escandaloso. Las coimas pagadas a diversos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ganar obras públicas fueron exorbitantes. El Ministerio Público debe emplear mano dura, congelando activos, embargando cuentas, interviniendo empresas, para garantizar la millonaria reparación civil que las empresas involucradas deben pagar al Estado, pero estas tienen la desfachatez de reclamar más de 300 millones de soles en arbitrajes pendientes con el Estado peruano. El MEF debe darle más presupuesto al Ministerio Público para enfrentar a los estudios de abogados más poderosos.