Diversas mafias existentes en el país quieren infiltrarse en la red institucional de partidos políticos y autoridades públicas a través de los mecanismos electorales y financiamiento de campañas. Desde traficantes de personas hasta traficantes de madera, pasando por mineros ilegales y narcotraficantes. 

Es importante que la ONPE tenga la mayor capacidad política posible para impedir que esto ocurra. De algún modo actualmente supervisa el flujo de dinero que financian las campañas a lo largo del proceso electoral, pero en el Congreso de la República hay un proyecto de ley -que ya ha sido aprobado en primera votación- que le quita esas atribuciones al ante electoral y las posterga hasta después de realizado el siguiente proceso electoral.